A raíz de la reciente Declaración Institucional de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 2 de junio de 2026, volvemos a encontrarnos con un escenario que se repite con asombrosa regularidad. Ante las críticas vertidas desde otras instituciones o desde la esfera pública hacia determinadas decisiones judiciales, el órgano de gobierno de los jueces reacciona cerrando filas. Su argumento central es conocido: criticar la labor judicial desde las instituciones supone un ataque a la independencia judicial y, por extensión, un peligro para la propia democracia.
Este tipo de comunicados merecen un análisis sosegado porque, bajo la apariencia de una defensa del Estado de derecho, esconden presupuestos antropológicos y políticos que son, cuanto menos, cuestionables. Desmontemos el andamiaje de esta postura a través de cinco falacias y reflexiones fundamentales.
1. El mito de la asepsia: la independencia no es ausencia de ideología
El primer supuesto que conviene derribar es la asimilación entre «independencia» y «neutralidad ideológica». Se nos quiere convencer de que el juez, al ponerse la toga, se despoja mágicamente de su biografía, de sus creencias y de su visión del mundo. Es cierto que a los jueces se les exige (y se les presupone) no estar afiliados a partidos políticos ni actuar bajo mandato partidista. Pero no militar en un partido no equivale a carecer de ideología.
La aplicación de la ley no es un mero ejercicio de matemáticas o de lógica formal. La ley requiere interpretación, y esa interpretación se hace siempre desde un marco conceptual, desde unos valores y desde un imaginario colectivo particular (ese «okupa» cultural que arrastramos en nuestra socialización). Un juez tiene ideología porque es un ser humano. Creer que la judicatura opera en un vacío aséptico no solo es anticientífico, sino que es una ficción interesada para blindar sus decisiones bajo un aura de divinidad técnica intocable.
2. La deslegitimación autoinfligida y el corporativismo
El CGPJ se queja amargamente de la «deslegitimación» que sufre la justicia debido a las declaraciones de políticos y ciudadanos. Sin embargo, yerran en el diagnóstico. El Poder Judicial no se deslegitima porque un ministro, un diputado o un ciudadano critiquen un auto. La verdadera deslegitimación se la infligen ellos mismos con su inacción institucional frente a los errores de bulto de sus propios miembros.
¿Dónde está la voz del CGPJ cuando un juez mantiene investigaciones prospectivas que se alargan años destrozando reputaciones para luego quedar en nada? ¿Qué autocrítica institucional hay cuando sentencias o autos escandalosos son posteriormente desautorizados, limitados o tumbados sin paliativos por tribunales superiores?
El silencio del CGPJ ante la mala praxis, el uso de la ley (lawfare) o los errores sistemáticos de ciertos juzgados transmite a la ciudadanía una imagen de corporativismo atroz. Cuando la institución no depura ni asume responsabilidades por los fallos evidentes, es la propia institución la que socava su autoridad moral, no quien la señala desde fuera.
3. Un poder independiente no debería ser de cristal
El tercer pilar del comunicado del CGPJ es la idea de que opinar desde las instituciones sobre casos abiertos o sentencias atenta contra la democracia. Esto supone una grave incomprensión de lo que significa un sistema democrático maduro.
En una democracia, el escrutinio público y la crítica interinstitucional son signos de salud, no de enfermedad. Si un juez es verdaderamente «independiente», debería tener la madurez profesional y la fortaleza técnica para resistir la opinión pública o las críticas de un cargo electo. Si el mero hecho de que un representante público opine sobre una sentencia hace temblar la independencia de un juez, entonces esa independencia era de cristal. La legitimidad de un poder no se protege exigiendo silencio a los demás, sino dictando resoluciones tan bien fundamentadas que puedan sostenerse por sí mismas ante cualquier debate.
4. El paternalismo frente a una ciudadanía adulta
En el trasfondo de este tipo de comunicados late una visión profundamente elitista de la sociedad. Parece que el CGPJ asume que la ciudadanía es incapaz (intelectual o cívicamente) de discernir. Se nos trata como a menores de edad a los que hay que proteger de las «críticas», no vaya a ser que caigamos en el caos.
Pero la ciudadanía no es imbécil. Es perfectamente capaz de distinguir entre el respeto al marco constitucional que nos otorga legitimidad democrática y la identificación de actuaciones judiciales que tienen claros tintes ideológicos, conservadores o de clase. La gente entiende que se puede acatar una sentencia y, al mismo tiempo, considerar que es injusta, que parte de un sesgo evidente o que el juez ha actuado como un actor político.
5. La propuesta necesaria: elección directa y transparencia ideológica
Si asumimos que la neutralidad aséptica es un mito y que todo juez opera desde una determinada visión del mundo, la solución democrática no es esconder esa realidad bajo la alfombra del corporativismo, sino someterla a la luz de la transparencia.
Para recuperar la legitimidad y la confianza, habría que plantear seriamente que los miembros del CGPJ sean elegidos mediante elecciones abiertas. Y esta medida debería extenderse a las plazas de las más altas instancias jurisdiccionales, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional.
¿Qué ganaríamos con esto? Permitiría a la ciudadanía conocer explícitamente la ideología, los valores y la filosofía jurídica de quienes van a tener la última palabra sobre las leyes que rigen nuestras vidas. En lugar de un sistema opaco de pactos entre bambalinas o de un corporativismo que camufla sus sesgos de «objetividad técnica», los candidatos tendrían que exponer su visión de la justicia ante la sociedad. Esto no politizaría a los jueces más de lo que ya lo están, sino que los haría transparentes y responsables, asumiendo por fin que en una democracia la legitimidad definitiva requiere el aval de la soberanía popular.
A modo de conclusión
La separación de poderes no consiste en crear compartimentos estancos libres de crítica, sino en establecer contrapesos. El Poder Judicial ejerce la autoridad sobre la vida, la libertad y el patrimonio de las personas. Exigir que sus decisiones no sean objeto de debate público es exigir un privilegio pre-democrático.
Ya es hora de que el órgano de gobierno de los jueces abandone esta actitud defensiva. La mejor manera de defender la independencia judicial no es redactando comunicados para mandar callar a la sociedad, sino garantizando la transparencia ideológica de sus altos tribunales y asegurando que quienes imparten justicia asuman la responsabilidad de sus actos sin necesidad de escudos corporativos.
