Patrañas en torno al cambio del censo electoral

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La campaña tildada de conspiranoica de sectores de la extrema derecha sobre el cambio en el censo electoral que está promoviendo el gobierno a través de las regularizaciones y la ley de memoria democrática no es más que una patraña. Afirmaciones que pretenden intoxicar a la opinión pública. ¿En qué sentido es una patraña?


1. La naturaleza de la ley: Reparación frente a oportunismo

Desde el punto de vista del derecho y la memoria, la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática no se diseñó como una herramienta de captación de votos, sino como un mecanismo de justicia restaurativa. Lo que busca es subsanar las quiebras en la transmisión de la nacionalidad que provocó el exilio forzado y las legislaciones de la época (como la pérdida de nacionalidad de las mujeres al casarse con extranjeros). Considerarlo un «regalo» electoralista es ignorar el trauma histórico del exilio que fracturó a miles de familias españolas. Se trata de una cuestión de justicia, algo que estos sectores no admiten porque siguen defendiendo una historia sesgada sobre la guerra civil y la dictadura.

2. El mito del voto exterior «cautivo»

El argumento de que el voto de los nuevos nacionales (el CERA, Censo de los Electores Residentes-Ausentes) irá sistemáticamente al PSOE o a la izquierda no resiste un análisis de los datos electorales:

  • Heterogeneidad: Los solicitantes en Argentina, Cuba, Venezuela o México viven realidades políticas locales radicalmente distintas.
  • El giro a la derecha en la región: El clima político en gran parte de América Latina ha experimentado un fortísimo giro hacia posiciones conservadoras o liberales-libertarias en los últimos años (el fenómeno Milei en Argentina es el ejemplo más evidente, siendo este el país con más solicitudes de nacionalidad). Esos contextos locales configuran la visión del mundo de los nuevos ciudadanos mucho más que las siglas del partido que aprobó la ley.
  • Histórico electoral: Tradicionalmente, el voto CERA ha estado muy repartido y, de hecho, en las en las elecciones generales de 2023, el escrutinio del voto exterior llegó a quitarle un escaño al PSOE en Madrid para dárselo al PP.

Conclusión: probablemente a la izquierda no le favorezca esta nacionalización a partir de esa adicional de la ley de memoria democrática. Es realmente un mito y quienes lo defienden lo saben. Es decir, mienten. Incluso pueden decirlo con la boca pequeña, es decir, públicamente acusan con una falsedad pero internamente están deseándolo.

3. La inmigración y el «sueño americano» a la española

Pasa lo mismo con los inmigrantes. Además de que esta regularización supondría un supuesto cambio en el censo a medio y largo plazo -sólo aporta permiso de residencia y trabajo, pero no la nacionalidad automática, un proceso que requiere años de residencia legal obligatoria antes de poder ejercer el voto en unas elecciones generales– el sesgo de pensar que el migrante regularizado votará a la izquierda por «agradecimiento» comete el error de unificar un colectivo que es diverso. La sociología del voto migrante en Europa y España demuestra que lo que es esperable es lo contrario o, al menos, es incierto:

  • Valores aspiracionales: Muchos migrantes llegan con un fuerte espíritu emprendedor y de movilidad social. El deseo de prosperar económicamente encaja más con discursos de libre mercado, bajada de impuestos y la retórica del esfuerzo individual («señuelo del capitalismo») que con una visión de izquierdas.
  • Conservadurismo social: Una parte muy significativa de la inmigración latinoamericana —así como de otras procedencias— tiene un arraigo profundo en valores familiares tradicionales y comunidades religiosas (católicas o evangélicas). En el eje sociocultural, suelen estar mucho más cerca de los postulados de la derecha que de las agendas progresistas de la izquierda europea.

¿Qué nos dice esto? Simplemente es una estrategia que intenta crear un impacto mediático que asuste culpando al gobierno a partir de afirmaciones y supuestos no explicitados que son simples y básicamente falsos. Con eso pretenden:

  • Legitimar el rechazo preventivo al resultado electoral: Si siembras la sospecha de que el censo está «adulterado» o «comprado» mediante leyes y regularizaciones, construyes de antemano la justificación para no aceptar una derrota electoral. Es la importación directa de las estrategias de Trump en EE. UU. o de Bolsonaro en Brasil: si gana la izquierda, no es porque los ciudadanos la hayan votado, sino porque el sistema está «manipulado».
  • Activar el marco del «Gran Reemplazo» (Nativismo): Al ligar la Ley de Memoria Democrática y la inmigración en un mismo saco de «cambio de censo», apelan al miedo inconsciente de ciertos sectores a perder la identidad nacional o a ser sustituidos culturalmente. El objetivo no es ganar el voto del migrante (saben que no lo tienen), sino movilizar y radicalizar a su propio electorado a través del miedo al «otro».
  • Desviar el foco de la justicia restaurativa: Al convertir un acto de reparación histórica (con los nietos del exilio) o una medida de pragmatismo económico y de derechos humanos (con la regularización) en una burda estrategia partidista, evitan tener que debatir sobre el fondo del asunto. No tienen que justificar por qué se oponen a reparar a las víctimas del franquismo o por qué rechazan integrar en la economía formal a trabajadores que ya están aquí; les basta con gritar que el Gobierno está «comprando votos».

Propongo a los lectores que si las políticas que modifican el censo no dan ventaja al partido del gobierno, se pregunten por la intencionalidad de fondo de tales políticas. Si no es, como dicen determinados sectores, una compra de votos, entonces sólo queda una respuesta:

Se trata de una cuestión de justicia restaurativa en lo que se refiere a la nacionalización y de derechos humanos en lo que se refiere a los migrantes.

Lo triste es que sigamos con discursos públicos donde los mitos, las mentiras están a la orden del día, frente a las cuales no hay legislación que lo frene.

¿Dónde queda el derecho a una información veraz que garantiza nuestra constitución? 

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